-
Etapa postrevolucionaria
Durante la administración de Venustiano Carranza, partir de 1917 el fundamento jurídico, filosófico y político de la política social quedó sustentado en los artículos 3,4, 27 y 123. El artículo 3 habla de la universalidad y no exclusión de la educación para los mexicanos; el artículo 4 apela al derecho a los mexicanos a tener acceso a la salud y a una vivienda digna; el artículo 27 trata sobre la propiedad de la tierra y el 123 habla de los derechos laborales de los mexicanos. -
Etapa del Estado benefactor (sustitución de importaciones)
El Estado tomo una postura de benefactor, contrarrestando las consecuencias del modelo capitalista con la creación de nuevas políticas sociales que buscaban beneficiar a la clase trabajadora adoptando el modelo de sustitución de importaciones. -
Administración de Luis Echeverría Álvarez
Se reconoce que el crecimiento económico no conduce directamente a bienestar social. Se intensificó el modelo de crecimiento hacia dentro. Lamentablemente el modelo empezó a desgastarse y hubo una contracción de la economía mexicana. -
Estado benefactor agotado
Durante la administración de José Lopéz Portillo, se descubrieron grandes yacimientos de petróleo, lo que ocasionó un derroche de recursos públicos. En materia de política social no hubo un cambio sustancial respecto a la administración anterior, pues se enfocó en el combate a la pobreza, resarcir el ingreso y en la creación de empleos y empresas estatales a través de subsidios. -
Etapa del Estado neoliberal
En esta etapa de vio subordinada la política social con la económica, ya que está etapa de caracterizo por una reducción del gasto público y la privatización de empresas estatales. -
Administración de Ernesto Zedillo Ponce de León
Durante la administración del presidente Zedillo en el periodo de 1995-2000, se asignaron montos crecientes de recursos para atender las demandas sociales. Asimismo, se registró un cambio estructural en la concepción e instrumentación de la política social, al surgir la obligatoriedad de elaborar y publicar las reglas de operación que norman los programas, con el fin de generar mayor transparencia e imparcialidad en el ejercicio del presupuesto y en la elección de los beneficiarios.
